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Ni incrementa la transparencia ni reduce unos niveles de exigencia injustificados. En los últimos días se están celebrando reuniones de l...

miércoles, 5 de abril de 2017

CCOO exige al Gobierno la reducción urgente de la temporalidad en las universidades

El personal universitario ha quedado fuera de la OPE extraordinaria del acuerdo para la mejora del empleo público.


Según los datos del Ministerio de Educación, el 41,8% del profesorado tiene contratos de duración determinada, entre ellos, de falsos asociados y visitantes, contratados doctores interinos y sustitutos, etc. La temporalidad también afecta a la mayoría del personal investigador y al 12,8% del personal de administración y servicios (PAS).


La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) ha solicitado hoy al Ministerio de Educación que realice las gestiones oportunas para convocar cuanto antes el grupo de trabajo en materia de empleo público recogido en el acuerdo para la mejora del empleo público alcanzado la semana pasada. El objetivo es que pueda analizar la evolución del sector universitario y corroborar que las alarmantes cifras de temporalidad hacen urgente la incorporación del personal universitario al plan de estabilización de empleo. 


Asimismo, durante el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, CCOO presentará a los partidos políticos sus propuestas para que se incluya a la universidad entre los sectores que pueden superar el 100% de la tasa de reposición, de manera que se puedan convocar las plazas que, desde hace al menos tres años, han estado ocupadas por personal con una vinculación temporal; y se pueda reducir la temporalidad existente a la firma del acuerdo de empleo público a lo largo de los próximos tres años y en un máximo del 90%.


CCOO advierte de que es importante que las plazas de titular de universidad que se ocupen por contratos doctores fijos no computen a efectos de tasa de reposición, puesto que pueden considerarse como promociones internas; e insiste en la necesidad de desvincular las promociones de catedráticos de las ofertas públicas de empleo. 


Por otro lado, el sindicato recuerda que en junio de 2016 propuso una norma con rango de ley para impulsar una Oferta Pública de Empleo (OPE) excepcional sin incremento presupuestario que englobaba al personal de las universidades públicas y en la que debían incluirse todas aquellas vacantes presupuestadas y/o existentes en cada uno de los ámbitos, estuviesen o no cubiertas con personal interino o temporal.


Además, para el caso de las universidades, CCOO planteaba que había que tener en consideración las peculiaridades que se han producido en la contratación del profesorado, del personal investigador y del personal técnico que nos han llevado a una situación insostenible que es necesario cambiar.


Por último, FECCOO valora de forma positiva el Real Decreto-Ley por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, publicado en el BOE el sábado pasado, ya que permite a las universidades convocar de manera inmediata sus ofertas de empleo público de profesorado, teniendo en cuenta, de momento, la tasa de reposición del 100% recogida para el ámbito educativo, que entendemos incluirá al PAS de las universidades en la redacción final de los PGE de 2017.


LA TEMPORALIDAD, EN CIFRAS


Según los datos del Ministerio de Educación, durante el curso 2015/16 había 95.601 profesores en las universidades españolas. De ellos, 44.394 eran funcionarios (incluidos 803 interinos), 11.343 contratados fijos, 39.180 contratados temporales y 684 eméritos. Es decir, al menos el 41,8% de los profesores tenían contratos de duración determinada que incluyen falsos asociados, falsos visitantes, contratados doctores interinos, sustitutos interinos, etc.


Además, por primera vez las estadísticas del Ministerio nos informan de la existencia de 16.328 investigadores, la mayoría con contratos de duración determinada; 6.396 vinculados a proyectos de investigación (art. 83 y otros), 483 contratos Ramón y Cajal, 243 contratos Juan de la Cierva, 903 investigadores postdoctorales no incluidos en los anteriores, 2.702 contratados predoctorales de formación de personal investigador (FPI), 1.897 contratados predoctorales de formación de profesorado universitario (FPU) y 3.307 investigadores predoctorales vinculados a programas de las comunidades autónomas y las universidades.


Respecto al PAS, sobre un total de 49.122 empleados públicos, 31.487 eran funcionarios (incluidos unos 1.290 interinos), 12.649 contratados fijos y 4.986 contratos temporales (eventuales y contratos de duración determinada). Por tanto, la temporalidad durante el curso pasado fue superior al 12,8%, sin tener en cuenta los contratos vinculados a proyectos de investigación financiados con cargo al capítulo VI de los presupuestos de gastos de las universidades


El Gobierno cuadra los presupuestos a costa de los pensionistas, parados y empleados públicos

Las líneas maestras presentadas el pasado viernes por el Gobierno sobre el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año, anticipan unos presupuestos que no buscan transformar el patrón de crecimiento actual en otro basado en el incremento de la productividad y la calidad del empleo. Para CCOO la mejora económica debe basarse en salarios dignos y empleo estable.


CCOO considera que estos no tienen la intención de resolver de manera decidida la profunda crisis de empleo que padecen la economía y la sociedad española. Para el sindicato, la mejora económica debe basarse en el pago de salarios dignos, en el incremento de su poder adquisitivo y en la subida del empleo estable. En cambio, el crecimiento actual se basa en el aumento de la rentabilidad empresarial conseguido gracias a una reforma laboral que propicia la rebaja permanente de las condiciones de empleo. Como resultado de esta política económica hemos transitado -tras una doble depresión-, de un modelo de crecimiento financiado con endeudamiento exterior, a otro impulsado por el aumento de la desigualdad y sin inversión pública, que ha caído en 22.000 millones desde el año 2007. 
En esta línea, los PGE 2017 no frenarán la desaceleración de la actividad económica en términos reales, cuyo ritmo bajará desde el 3,2% de 2016 al 2,5% previsto por el Gobierno para este año. Mientras, la mejora de la recaudación y la rebaja del déficit público se fían al aumento de la inflación y a la no compensación de la subida de los precios en el salario de los empleados públicos y en las partidas de gasto social (pensiones, subsidios, becas y ayudas). La inflación aumentará la base imponible de los impuestos y con ella la recaudación, y el gasto público no consumirá este incremento de recursos, gracias a que la inflación no se compensará en los salarios y las transferencias públicas a las personas. Es decir, el Gobierno mejorará el saldo de las cuentas públicas a costa de la pérdida de poder de compra de los empleados públicos y las personas receptoras de gasto social: pensionistas, desempleados perceptores de subsidios, estudiantes becados, personas dependientes, etc. CCOO denuncia que no es cierto que el gobierno no suba los impuestos, lo hace y de manera regresiva, no protegiendo de la inflación -que funciona como un impuesto que grava más a los que menos tienen- a sus empleados y a los colectivos más vulnerables.
El Gobierno prevé asimismo un aumento de los precios del 1,5% para 2017, lo que elevará el crecimiento nominal de la economía desde el 3,6% del año pasado al 4,1% en 2017, que puede ser incluso mayor, pues la previsión de inflación incluida en el cuadro macroeconómico está infra-estimada. El consenso de los analistas prevé un alza de los precios de consumo del 2,2% para este año. Las subidas que ya se conocen de los primeros meses de 2017 (3% en enero y febrero, y 2,3% en marzo) están muy por encima de la previsión oficial, y aunque es que cierto que en los primeros meses de 2016 el petróleo tocó mínimos, lo cierto es que ni las estimaciones de variación del precio del barril de Brent del Gobierno parecen respaldar su previsión de precios. El 'Plan Presupuestario 2017' enviado a Bruselas en octubre de 2016, incluía un incremento del precio del barril del 13% y una inflación del 1,4%. El proyecto recoge ahora un aumento muy superior en el precio del petróleo (26%), pero la variación del IPC es prácticamente igual, solo aumenta una décima (1,5%). 
Con las previsiones oficiales los empleados públicos perderán medio punto de poder de compra y los pensionistas 1,25 puntos. Si, como parece más probable, los precios terminan en el 2,2%, los empleados públicos perderán 1,2 puntos, y los pensionistas 1,95 puntos, el doble de lo que han perdido a lo largo de toda la crisis.
La recaudación de ingresos prevista para este año en el proyecto de presupuestos (200.963 millones de euros), a pesar de tener el mismo nivel nominal que en 2007, tiene un poder de compra un 15% inferior como resultado del alza de los precios. Por tanto, no se ha alcanzado el nivel de recaudación previo a la crisis, como ha sostenido el Gobierno. Asimismo, el aumento previsto en la recaudación para este año (7,9%) parece poco creíble. Sobre todo cuando se compara con la subida del 1,8% de 2016. Es verdad que ese año hubo una importante rebaja de impuestos (-6.407 millones) y que el crecimiento nominal estuvo medio punto por debajo del de 2017, si terminan cumpliéndose las previsiones para este año. Pero si se descuenta la rebaja de impuestos, la recaudación solo aumentó un 5,3% en 2016. Por tanto, no parece que se vayan a lograr los ingresos que recoge el presupuesto este año, lo que conducirá a una subida de impuestos, a un recorte del gasto, o a un incumplimiento del objetivo de déficit. Por tanto, para CCOO es necesaria una reforma fiscal que proporcione recursos suficientes (aproximando nuestra presión fiscal a la media europea) y que reparta las cargas de manera progresiva, aumentando la imposición directa y sobre el capital (IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio).
El gasto no financiero del Estado caerá en 5.000 millones con respecto al previsto inicialmente para 2016, pero aumentará en 1.600 en relación al efectivamente liquidado. Este resultado es consecuencia de la bajada del gasto en 9.900 millones en 2016, provocado por la caída de la protección por desempleo –a pesar de su elevado volumen-, y por la no disposición de créditos decretada a final de año. Es prioritario aumentar el gasto en protección por desempleo, para elevar la tasa de cobertura que está en el 56%, 24 puntos por debajo de su nivel en  2010. Asimismo es necesario introducir una renta mínima garantizada que reduzca los elevados índices de pobreza y exclusión social. Con todo, el gasto no financiero del Estado perderá este año tres décimas de punto de peso sobre el PIB, pasando del 10,5% de 2016, al 10,2%.
Se recortará el ritmo de crecimiento del empleo, pasando del 2,9% al 2,5% en 2017. Igual sucederá con la tasa de paro, que si en 2016 se redujo 2,4 puntos, en 2017 caerá solo 2,1 puntos, hasta el 17,5%. A este ritmo no se alcanzaría la tasa de paro de 2007 hasta el año 2022. Por otro lado, la oferta extraordinaria de empleo público, aunque es una buena noticia, no sólo no supone la ampliación de la plantilla pública, sino que ésta se seguirá reduciendo, pues la tasa de reposición no es del 100% para todos los colectivos, a pesar de que el empleo público se ha recortado en algo más de 275.000 efectivos desde 2011. 
La oferta extraordinaria de empleo supone una reacción a la presión sindical ejercida por CCOO y a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que obliga a dar un trato de igualdad a los trabajadores interinos que trabajan en las Administraciones Públicas. La oferta tiene por finalidad estabilizar el empleo de aquellos interinos con más de tres años de antigüedad que trabajen en áreas específicas (docencia no universitaria, sanitarios no estatutarios, administración de justicia, servicios sociales en atención al público, policía, gestión tributaria y recaudación, e inspección). Su objetivo es reducir la tasa de temporalidad contractual hasta el 8% en estos colectivos y en el plazo de tres años, lo que conducirá a que la tasa de temporalidad general del sector público se sitúe en torno al 14,4%.
CCOO rechazamos que no se haya producido un proceso de consulta con los agentes sociales previo a la presentación del proyecto de presupuestos para 2017. Una vez se presenten oficialmente los presupuestos, haremos llegar nuestras enmiendas a través de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.