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sábado, 28 de marzo de 2015

Carretero evidencia que el falso fraude se muestra cada vez más como una maniobra de Monago para desviar la atención

Según pasan las horas cada vez hay más evidencias de que el traslado a la Fiscalía de un supuesto fraude en cursos de formación de la convocatoria de 2011 no se sostiene y que simplemente se trata de una maniobra más del presidente extremeño, José Antonio Monago, para desviar la atención de sus problemas políticos y ensuciar la campaña electoral. CCOO de Extremadura no solo ha puesto a disposición de los medios toda la documentación de las acciones formativas para que comprueben las mentiras del Gobierno regional sino que va a trasladar a la Fiscalía toda esta documentación para que actúe con diligencia.

José María Rosado y Julián Carretero
José María Rosado y Julián Carretero
"No hay nada que destapar, como dice la consejera, porque no hay nada tapado ni cerrado, simplemente se trata de una justificación que no tiene resolución definitiva, de un proceso administrativo que no se ha cerrado y que Monago ha intentado utilizarlo en los medios de comunicación sabiendo que la formación es un tema muy sensible sin importarle el daño que hace a los agentes sociales, a su propio gobierno y la sociedad en general", indica el secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero.

El responsable de CCOO en la región insiste en que no hay ningún fraude en los cursos, en que el sindicato está estudiando acciones legales para defenderse de estas injustas acusaciones y de la utilización partidaria de la Administración y que no es para nada casual que el anuncio de la Junta se haga a dos meses de las elecciones y con la Asamblea extremeña en plena disolución.

El expediente de la convocatoria a la que alude la consejera de Empleo aún no ha sido liquidado, ni cuenta con una resolución definitiva del proceso. En este sentido, Carretero recuerda que la propia Administración regional aún adeuda al sindicato un total de 395.000 euros de los 1,8 millones de euros correspondientes a esta misma convocatoria.

Además ha explicado que el sindicato realizó una serie de alegaciones a un informe provisional de las cuáles no ha tenido notificación alguna. "Ahora nos encontramos con la denuncia de la Junta en la prensa por sorpresa, pero es algo que nos esperábamos, porque es como nos tiene acostumbrados a actuar este presidente, repartiendo ponzoña para desviar la atención de los problemas reales de la región".

Carretero ha explicado que lo "lógico" y lo que ocurre con otras convocatorias es que una vez finalizado los cursos, que se celebraron en 2012 y 2013, se abre un proceso de justificación de los gastos, pero que en esta ocasión el Gobierno no ha esperado a que se cerrara el proceso de forma definitiva y ha llevado los presuntos indicios de delito a la fiscalía. En caso de haber recibido este informe, el sindicato hubiera emprendido las acciones oportunas. Es decir, o bien reintegraría las cantidades necesarias o procedería a la imputación de lo que consideraran oportuno, según ha explicado.

De hecho, Carretero ha dicho que este tipo de comprobaciones de gastos y auditorías es "una cosa totalmente normal y habitual", y lo ha comparado con la notificación de Hacienda que recibe un contribuyente para subsanar algún error en su declaración de la renta. "Lo normal es que una vez finalizado este procedimiento hubiera una resolución en la que se especificara las posibles irregularidades y los pasos a seguir para subsanarlo", aclaró.

Julián Carretero advirtió además que la propia denuncia del Gobierno extremeño, que se puede consultar en su propia web institucional, señala que las presuntas irregularidades detectadas se basan en informes "provisionales" y no definitivos. CCOO va a reclamar los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta del pasado 24 de marzo, en el que teóricamente se abordó esta cuestión, el mismo día que se entregó la documentación ante la Fiscalía, aunque hay que subrayar que esta cuestión no estaba entre los asuntos aprobados por el gabinete.

Por todo ello, para Carretero está "blanco y en botella" que el Gobierno de Monago no pretende con esta acción "perseguir ningún fraude, sino centrifugar la ponzoña" con un asunto como es un presunto fraude en la gestión de los fondos públicos, lo cual es una cuestión, reconoce, que es "tremendamente delicada, y que está en la piel de la ciudadanía".

Un asunto, añade, que está en la mente del ciudadano debido al proceso abierto por la juez Alaya en Andalucía contra el fraude en cursos de formación, y que en el caso de Extremadura, ha señalado, conllevará "consecuencias negativas para las organizaciones, para los trabajadores, para el gobierno, éste y el que venga, para la sociedad y para la democracia", ha dicho Carretero, porque "rompe vínculos fundamentales de las relaciones democráticas e institucionales".

En este sentido, asegura que un presidente, en relación a Monago, que es "capaz de sobrepasar este tipo de cosas con tal de desviar la atención, no merece ser presidente de Extremadura".