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miércoles, 18 de junio de 2014

La gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales vuelve a quedar en entredicho

El contenido del artículo publicado por El País pone de manifiesto, una vez más, aspectos en la gestión de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social que CCOO viene denunciando desde hace años.
CCOO recuerda que, mientras los altos directivos de las Mutuas gozan de privilegios como los descritos por el diario El País y las empresas mutualistas y sus asesores perciben agasajos, prebendas y comisiones, las plantillas de las Mutuas tienen su salario congelado desde 2010 y se han visto afectados por los mismos recortes aplicados a los funcionarios públicos.
El pasado domingo, el diario EL PAÍS publicó una extensa noticia acerca de supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos realizada por FREMAP, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con mayor implantación en España,  que en 2013 suponía el 25,39% del sector con 392.846 empresas asociadas, 3.786.360 trabajadores protegidos y 2.376 millones de € de cuotas gestionadas.
El contenido del artículo pone de manifiesto, una vez más, aspectos en la gestión de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social que CCOO viene denunciando desde hace años. Tanto desde la Confederación Sindical de CCOO como desde nuestra representación en las Comisiones de Control y Seguimiento de las Mutuas, hemos exigido la corrección de las irregularidades denunciadas por la Intervención y denunciado aquellas que hemos conocido.
Las Mutuas, a pesar de gestionar recursos públicos provenientes de cuotas de Seguridad Social, no se ven sometidas a la intervención previa del gasto, como ocurre con las Administraciones Públicas, lo que tiene como consecuencia que, cuando son auditadas por la Intervención de Seguridad Social, se detecten prácticas irregulares que pueden provocar importantes daños al erario público.
La Administración ha articulado de forma insuficiente la tutela y control de la actividad de estas Entidades que, sometidas al principio de “paga y reclama”, comprometen pagos con cuotas de la Seguridad Social y cuando la Administración les reclama por su dudoso ajuste a las funciones de colaboración, éstas han alcanzado cifras desorbitadas, dando comienzo a un larguísimo proceso de reclamaciones y recursos.
El caso de Fremap no es único en el sector, otras Mutuas también podrían ver comprometida la solvencia de su Patrimonio si en última instancia el Tribunal Supremo desestimara los recursos contra los ajustes realizados en sus cuentas por Seguridad Social, abriendo la puerta a posibles “derramas” entre las empresas asociadas, lo que resultaría inédito en nuestro país, o incluso, a su disolución y liquidación, poniendo en riesgos varios miles de puestos de trabajo.
Es preciso recordar que, mientras los Altos Directivos de estas Entidades gozan de privilegios como los descritos por el diario El País y las empresas mutualistas y sus asesores perciben agasajos, prebendas y comisiones, las plantillas de las Mutuas tienen su salario congelado desde 2010 y se han visto afectados por los mismos recortes aplicados a los funcionarios públicos.
Las atribuciones de las Comisiones de Control y Seguimiento, órgano interno de las Mutuas en el que participamos los agentes sociales, para supervisar su gestión, resultan manifiestamente insuficientes y no permiten un control efectivo, por lo que desde CCOO venimos reclamando la incorporación a las mismas de efectivos procedentes de la Intervención General de la Seguridad Social, que permitan realizar una mayor función fiscalizadora.
A pesar de que resulta incuestionable que existe una gran infradeclaración de enfermedades relacionadas con el trabajo, que terminan asumiendo los Servicios Públicos de Salud, de la existencia de importantes deficiencias en la gestión del accidente de trabajo, que requieren un profundo análisis y la adopción de medidas correctoras, y de la más que cuestionable gestión de la prestación económica que estas Entidades realizan de la enfermedad común, basada mayoritariamente en criterios economicistas, los diferentes Gobiernos han insistido en presentar a las Mutuas como un ejemplo de gestión eficiente de fondos de la Seguridad Social, afirmación que ahora vuelve a quedar en tela de juicio.
Desde CCOO hemos venido cuestionando el traspaso hacia estas entidades, conformadas como asociaciones privadas de empresarios, de atribuciones que antes residían en diferentes órganos de la Administración Pública, justificados bajo una supuesta eficacia gestora de las Mutuas, eficacia que noticias como ésta y diferentes informes del Tribunal de Cuentas ponen en entredicho.
CCOO reclama hoy, como viene haciendo desde hace mucho tiempo, un mayor control público de la actividad de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social, la limitación en la asunción de nuevas competencias y la apertura de un proceso de diálogo social que permita realizar un estudio en profundidad sobre la gestión y competencias de estas Entidades que permita afrontar, desde el consenso, la necesaria reforma de las Mutuas.
CCOO exige una mayor transparencia en su gestión y dirección, un estudio exhaustivo para conocer el patrimonio histórico que poseen y a qué se dedica, así como una mayor agilidad en las reclamaciones que la Seguridad Social realiza a las mismas.

martes, 17 de junio de 2014

Los Tribunales dan la razón a CCOO y declaran nulo un despido de una trabajadora de GSS Line Badajoz

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dado la razón a CCOO y ha declarado nulo el despido de una trabajadora de GSS Line de Badajoz porque la empresa había superado el límite de despidos y debía haber negociado un Expediente de Regulación de Empleo.
Los tribunales consideran que GSS Line intentó eludir su obligación de recurrir a un ERE despidiendo a sus empleados de manera individual y no colectiva para ahorrarse indemnizaciones y por falta de causas que lo justificasen.

La propia empresa reconoció en el acto de conciliación previo la improcedencia del despido de la trabajadora, que prestó sus servicios durante año y medio, y que fue despedida de manera disciplinaria por una supuesta “disminución de rendimiento”.
Desde el primero momento, la trabajadora rechazó la indemnización y con el asesoramiento de la Asesoría jurídica de CCOO Extremadura presentó demanda en el juzgado de lo Social, que estimó parcialmente declarando la improcedencia del despido en primera instancia, y ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tras el recurso presentado, ha declarado la nulidad del dicho despido por estar ante un despido colectivo fraudulento.
El TSJEX declara nulo el despido y afirma que en el periodo de 90 días que comprende el despido de la trabajadora demandante se produjo en esta empresa en el ámbito estatal un número de despidos superior a los establecidos por ley como límite para que deba seguirse el trámite del despido colectivo.
Esto quiere decir que GSS mediante la práctica de despedir espaciadamente a sus trabajadores ha pretendido evitar el trámite de plantear un ERE, básicamente porque no existe causa para estos despidos y no podrían justificarlos en un Expediente de Regulación de Empleo.
Desde CCOO se denuncia la práctica habitual de GSS Line de despedir a sus trabajadores y trabajadoras sin un motivo justificado, amparándose en bajadas de rendimiento irreales, admitiendo sólo después la improcedencia del despido si la persona despedida se decide a denunciarlo y abonando únicamente la indemnización, ya que tras la reforma laboral de 2012 solo se devengan salarios de tramitación en despidos nulos, como finalmente ha sido declarado este despido.

lunes, 16 de junio de 2014

Coches de lujo, dietas, marisco y viajes con cargo a la Seguridad Social

La Seguridad Social reclama a la mutua de accidentes Fremap que devuelva 43,2 millones de euros de dinero público que entre 2006 y 2011 gastó indebidamente, según auditorías de la Intervención General de la Seguridad Social de esos años. En esas auditorías y en documentación interna de la mutua a la que ha tenido acceso este periódico hay gastos en dietas, viajes para la junta directiva y sus parejas, BMW y otros coches de lujo para los directivos, marisco, además de pagos a colaboradores comerciales para captar nuevos mutualistas, algo prohibido por ley. Este último concepto es el más voluminoso: 24,2 millones.

La mutua —organización sin ánimo de lucro que en 2012 gestionó 2.300 millones de cotizaciones— ha recurrido a la Audiencia Nacional las decisiones del Ministerio de Empleo sobre las cuentas de 2006, 2007 y 2008. Para las de 2009, 2010 y 2011 todavía cabe la vía de reclamaciones y alegaciones ante la Seguridad Social. La mutua confía en que los tribunales bajen la cantidad que les reclama y sus responsables sostienen que Fremap sufre una persecución que comenzó con el Gobierno del PSOE.
Las mutuas están tuteladas por Empleo y las audita la Intervención de la Seguridad Social, que les reclama que devuelvan dinero cuando detecta gastos no asumibles para el Estado, un proceso que puede alargarse siete u ocho años. Son asociaciones de empresarios que básicamente gestionan cotizaciones a la Seguridad Social para atender, sobre todo, accidentes y bajas laborales.
La cúpula directiva de Fremap está presidida desde hace nueve años por Mariano de Diego, un ganadero salmantino experto en vacas charolesas que es presidente de la patronal de mutuas. Entre los 16 vocales están José de la Cavada, ex director de Relaciones Laborales de la CEOE, de la que fue despedido en febrero pasado, meses después de afirmar que los permisos de cuatro días cuando fallece un familiar cercano no tienen sentido en la actualidad “porque los viajes no se hacen en diligencia”. También pertenece a ella Pedro Barato, presidente del sindicato agrario Asaja y de la Federación Española de Autónomos, integrada en la CEOE, o el consejero de Presidencia de Madrid, Salvador Victoria (desde 1999 hay un miembro del Gobierno madrileño). También hay un representante de los trabajadores (es de UGT), como marca la norma. Formalmente la directiva la eligen las 392.846 empresas asociadas con el visto bueno del Gobierno. En la práctica, son seleccionados a propuesta de la propia Junta Directiva.
La Intervención destapa las partidas en la organización sin ánimo de lucro
La Junta Directiva no puede tener sueldo, pero sí recibe dietas. En marzo de 2010, Fremap aprobó que la dieta por asistir a una junta directiva sería de 2.000 euros, más 600 por desplazamiento si se celebraba fuera de Madrid. La reunión se celebró un mes después de que el Ejecutivo dictara una orden que limitaba a 800 euros el dinero a percibir por reunión de junta directiva o de la comisión de prestaciones especiales. Las dietas aprobadas oscilaban entre 2.000 y 360 euros para siete órganos de Gobierno, cuando solo hay dos autorizados para cobrar estos pagos.
Mariano de Diego recibe abiertamente en el cuidado edificio de Fremap en Majadahonda (a 20 kilómetros de Madrid). Está en medio de un pinar y el presidente aparece a la entrevista con el gerente y la interventora que fichó de la Administración en 2009 para controlar las cuentas. Reciben en una sala con una mullida alfombra, alrededor de una mesa de madera. “Los ajustes [las reclamaciones de la Seguridad Social] son de una discrecionalidad sumamente grande”, sostiene. Él cree que la Intervención se ceba con Fremap por ser la mayor y por una orden que comenzó con el Gobierno del PSOE: “Soy del campo pero no soy gilipollas”. De Diego no critica las dietas de 2.000 euros. “He llegado a esta casa y me he encontrado una dieta que se estaba cobrando de toda la vida. Dijeron que había que bajarla, se bajó y sanseacabó”. Meses después de la aprobación por la junta, las dietas se ajustaron a los 800 euros y según Fremap devolvieron el exceso.
Las reclamaciones de la Seguridad Social por retribuciones excesivas percibidas en “asistencia a órganos de gobierno” se repiten en las auditorías: en 2007 reclama 284.642 euros, el año siguiente 328.741 euros, en 2009 baja hasta 152.200 euros, en 2010 son 18.000 euros y en 2011 la reclamación es de 21.469 euros.
El representante de los trabajadores afirma que la dieta que percibe desde noviembre de 2010 la cobra la federación sindical.
Las dietas se redujeron en 2010, con la orden ministerial, pero los viajes siguen. Cada año Fremap realiza la conocida como “junta directiva itinerante” por España. Dura un fin de semana largo e incluye acompañantes y un completo plan de actividades para una reunión de dos horas. El gerente admite que se pagan con cuotas de la Seguridad Social.
En 2010 la Junta Directiva anual se celebró en el Parador Nacional de Santo Domingo de la Calzada, según el programa del viaje al que ha tenido acceso este diario. Comenzó el viernes con una visita a las bodegas Muga y concluyó el domingo con una comida en el restaurante Echaurren.
Allí acudió el entonces consejero de Presidencia de Madrid, Antonio Beteta, hoy secretario de Estado de Administraciones Públicas y encargado en 2012 de recortar la paga extra a los funcionarios. Un portavoz de Beteta dice que siempre devolvió las dietas.
En octubre de 2013, la junta se celebró en Santiago de Compostela. Entre la llegada, un viernes por la mañana, y la vuelta, el domingo a las cinco de la tarde en avión, hubo una reunión de junta de dos horas y una visita a una empresa asociada. Pero la mayor parte del tiempo lo ocupó el ocio: comida en el Pazo de San Lorenzo, cena en la marisquería Carretas, paseo por el Pazo Quinteiro da Cruz —amenizado por gaiteros—, cata de albariño, comida en el restaurante Solla, visita al monasterio de Poio, cena en el Parador, visita a la catedral de Santiago y comida en el hotel de la cadena Relaix&Chateuax. A la comida con los trabajadores acudieron entre 50 y 70 personas, según el gerente.
El presidente de Fremap critica “la discrecionalidad” de las reclamaciones
El consejero Salvador Victoria afirma que solo fue el sábado, cuando se celebró la junta, según una portavoz, que añade que nunca ha cobrado dietas.
De la Cavada, que no fue a esas juntas los dos años anteriores, sí acudió a Santiago, aunque sin acompañante. “Me gustaría que las juntas itinerantes fueran algo más modesto. Para estimular la actividad de la mutua una región no hace falta eso”, afirmó ayer.
El presidente defiende que esas juntas son útiles por visitar a los empleados y animarlos: “Le tenemos que dar moral. ¿Qué le dices a un padre o una madre de familia donde le has quitado la paga extraordinaria y no son funcionarios? Les anima que vayamos. Les decimos que estamos luchando para que esto no suceda”.
A la entrada de Fremap hay cuatro Audi A6 aparcados. En la auditoría sobre las cuentas de Fremap de 2008 figura la contratación de automóviles para los directivos. Revela que “tenía suscritos con Mapfre Renting 34 contratos de arrendamiento financiero para sus directivos (23 BMW, tres Volvo, cinco Audi, un Mercedes, un Lexus y un Saab) por los que se abonaban mensualmente hasta el 30 de junio de 2008 la cantidad de 41.796 euros. Entonces, Fremap pone los coches a nombres de los directivos y a cambio les paga un “plus de jefatura” para “compensar a los referidos directivos del coste económico del renting”. Ese año gastó en ese plus 586.446 euros. La Seguridad Social no presentó ninguna reclamación por el gasto en coches.
La mayor mutua de accidentes laborales gestiona al año 2.300 millones públicos
En 2012, Fremap publicó en el BOE un nuevo contrato por el que los directivos pasan a llevar un Opel Insignia (contrató 27), en vez de BMW, y cuatro Audi A6, los que el pasado jueves estaban a las puertas de la mutua. Ese año, el Ejecutivo anunciaba el recorte del parque público de vehículos.
El gerente de Fremap, Josu Esarte, no revela su sueldo, aunque según la auditoría de 2011 ese año cobró 199.000 euros por contrato más 46.221 euros en retribución variable, gastos de representación, retribuciones en especie y póliza de pensiones. Esarte no comprende el interés en preguntar por la flota de la mutua aunque sí admite que él tiene asignada una de las berlinas que hay en la puerta. “Se lo merece”, tercia De Diego, como los directores territoriales: “Tienen que viajar y no les puedes martirizar más”.
El mayor ajuste corresponde a los 24,2 millones que Fremap destinó a colaboradores entre 2006 y 2011. Por ley, las mutuas no pueden realizar actividad comercial. Aun así, a veces la llevan a cabo pero la Seguridad Social les reclama la devolución si detecta el pago a comerciales.
En 2008, antes de que llegara Esarte, la Intervención destacó en su primer informe “el elevado importe abonado por la mutua a los directivos, en concepto de dietas, por las comidas celebradas tanto con el personal de la propia mutua como con empresarios asociados o potenciales empresarios asociados. El gasto por este concepto, a 248 directivos, ha ascendido a 748.416 euros sin incluir aquellas comidas que se facturen directamente a Fremap o se sirvan en el Hospital de Majadahonda”. Cada directivo salía a 3.017 euros en comidas de empresa.
Además, ese ejercicio hubo “compras de productos alimenticios por importe de 14.137,59 euros relativos a pescados y mariscos de carácter de lujo (caviar, angulas, carabineros…) en los que no quedaba demostrado por la mutua su suministro a los pacientes del hospital de Majadahonda ni su consumo en las comidas celebradas por los directivos de Fremap en el referido hospital”.
La Seguridad Social no asume facturas por 14.000 pero apunta a una partida más de 10 veces superior. Ese año, Fremap abonó a “Pescaderías Coruñesas 225.925 euros por el suministro de pescado al hospital de Majadahonda, que según información de la mutua corresponde tanto a comidas suministradas a los pacientes del hospital como a comidas celebradas por los directivos”. La intervención señala que “el tipo de producto comprado así como los precios pagados pudieran resultar excesivos y, por tanto, contrarios al uso eficiente de los fondos públicos”, según la auditoría provisional, de marzo de 2011.
La empresa alega que fue un director del hospital el que sacaba el pescado por la puerta de atrás y que al descubrirlo lo despidió y se querelló contra él. De Diego no enseña la querella. “Está descubierto por nosotros y encima nos lo meten en una auditoría. Como dicen en mi pueblo, ‘después de cornudo, apaleado’. Pero esto sucede. ¿Por qué? No lo sé. No encuentro explicación”.
Otro de los aspectos que ha criticado la Intervención es el despido con indemnización de directivos cerca de la jubilación. Esto mereció el rechazo de los representantes de CC OO en la comisión de control. En abril de 2013, el Tribunal Superior de Madrid dio la razón en parte a la Seguridad Social en el caso del exdirector de Prevención, en el cargo entre 1972 y julio de 2008. Ganaba al año 126.549 euros al año y fue despedido con una indemnización de 436.307 euros. El tribunal ordenó devolver dinero al Estado porque ese despido “desde un punto de vista empresarial resulta incomprensible”, ya que habría sido más barato dejarle dos años en su puesto que indemnizarlo para que pasara dos años al paro.
Tiene una flota de cuatro Audi A6 y 27 Opel Insignia para sus directivos
La última reclamación firme de la Seguridad Social está firmada por el secretario de Estado de la Seguridad Social el 10 de marzo pasado. Reclama 2,594 millones por las cuentas de 2009. Las auditorías de 2006, 2007 y 2008 están recurridas en la Audiencia Nacional. Las de 2010 y 2011 todavía están en fase de alegaciones y, por tanto, las reclamaciones de casi dos millones y de 334.427 euros pueden bajar, como ha sucedido en años anteriores. La suma provisional asciende a 43,2 millones.
De Diego confía en los tribunales. En su discurso —en el que destaca que la mutua tiene todos los años excedentes que devuelve a la Seguridad Social— recuerda las obras del hospital en Majadahonda: la Seguridad Social le reclamó 25 millones y el Tribunal de Cuentas lo dejó en 2.500 euros.
Las fuentes consultadas del Ministerio de Empleo también citan ese caso y pese a que son ellos los reclamantes piden prudencia —“no hay que extraer conclusiones excesivas”—. En las últimas sentencias sobre ajustes, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han sentenciado contra la mutua. Sobre las reclamaciones de 2004 ambos tribunales fallaron contra Fremap. Sobre los de 2005, la Audiencia estimó parte de la demanda, lo que rebajó la reclamación de 8,3 a 7,8 millones.
Con la ley actual, Fremap debe pagar las reclamaciones de Empleo con su patrimonio privativo. En Fremap, ese capítulo ascendía a final de 2012 a 15,8 millones. A eso la empresa suma los 12,7 millones en los que valora su sociedad de prevención —aunque en 2013 intentó venderla por 100.000 euros con el rechazo del representante de los trabajadores, de UGT, en la junta—. En caso de tener que pagar la reclamación completa de la Seguridad Social sus fondos actuales (28,5 millones) no serían suficientes y podría tener que recurrir a una derrama entre sus empresas asociadas. No hay precedentes, pero fuentes de Empleo no descartan que ocurra: “Nunca se ha aplicado la derrama, pero la mutua pagaría lo que tenga que pagar”.
investigacion@elpais.es
Las mutuas de accidentes de trabajo son asociaciones de empresrios sin ánimo de lucro. Hay 20. La ley les encarga la atención y cuidados de los trabajadores accidentados y de las enfermedades profesionales. También la gestión de las prestaciones por bajas provocadas por una enfermedad común.
Para esto, la Seguridad Social les transfiere los fondos recaudados con este destino (las cotizaciones por contingencias profesionales, que oscilan según el sector al que se dedique la empresa y su nivel de riesgo). En 2012 fueron unos 8.300 millones. De estos, unos 2.300 fueron a Fremap, la mutua más grande que cubre a 3,3 millones de trabajadores.
Las mutuas también ingresar dinero por la explotación de su patrimonio histórico, el que conservaron al integrarse en el sistema de la Seguridad Social en 1967. Esta cantidad es mínima respecto al conjunto del dinero administrado. La Ley General de la Seguridad Social afirma “este patrimonio se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad”, es decir, la colaboración con la Seguridad Social. Con el excedente anual las mutuas dotan tres reservas para asegurar su funcionamiento y el resto lo devuelven. Casi siempre sobra dinero. Hasta julio de 2012 se acumulaba en un fondo que llegó a 4.600. Entonces Empleo usó para pagar pensiones y así se sigue haciendo.


Fuenteel país

Educación plantea avanzar de un sistema de becas al de préstamos universitarios

La secretaria de Estado Montserrat Gomendio recuerda que el sistema ha crecido y supone un coste "muy elevado"





















El ministro de Educación, Ignacio Wert, junto a la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. / Uly Martín

 La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, ha planteado este viernes si la universidad debe evolucionar de un sistema de becas hacia otro de préstamos. Su petición se basa, según ella, en que el sistema universitario ha crecido exponencialmente en los últimos años y supone un coste "muy elevado"; "no es cuestión de gratuito o no, sino de quién lo paga, cómo y cuándo", asegura.
La secretaria de Estado se ha cuestionado el actual funcionamiento del sistema de becas donde los estudiantes "reciben cuantías importantes de dinero que no tienen que devolver". Como ejemplo, ha hablado del sistema universitario británico, donde los estudiantes que han conseguido un empleo de más de 21.000 libras al año (26.250 euros), tienen que devolver en plazos el dinero prestado por el Gobierno.
Gomendio también ha resaltado la necesidad de que la financiación en la universidad tenga un componente privado mayor y dice que los problemas "vienen fundamentalmente de la financiación que les otorgan las comunidades autónomas".
Dicho esto, la secretaria de Estado ha manifestado que el problema del sistema universitario español no radica en si existe un número demasiado elevado de centros, sino en que hay "un crecimiento exponencial de titulaciones" y que un 50% de los alumnos escogen la rama de las ciencias sociales y jurídicas y menos de un 6% ciencias. "Parte de la responsabilidad es nuestra porque, en este momento, no damos ninguna información a los estudiantes sobre el nivel de empleabilidad de las distintas carreras", ha reconocido.
Por ello, Gomendio ha defendido la importancia de que cuando los estudiantes elijan qué estudiar tengan en cuenta "esa información" porque los alumnos de ciencias sociales y jurídicas "se enfrentan a unas tasas de desempleo altísimas". Además, ha añadido que hay "una necesidad enorme" de estrechar los vínculos entre la universidad y la empresa y ha puesto como ejemplo el "éxito" de la Formación Profesional Dual.


Fuenteel país

martes, 10 de junio de 2014

CCOOUEX INFORMA

Enlazamos una nueva edición del Boletín HOJA DEL LUNES en el que, entre otros temas, aclaramos las dudas sobre el abono de la parte devengada de la paga extra, os informamos de la actualidad para el PAS y el PDI y os animamos a conocer el modelo social de Universidad que propone CCOO, frente a las propuestas neoliberales de privatización.