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miércoles, 18 de junio de 2014

La gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales vuelve a quedar en entredicho

El contenido del artículo publicado por El País pone de manifiesto, una vez más, aspectos en la gestión de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social que CCOO viene denunciando desde hace años.
CCOO recuerda que, mientras los altos directivos de las Mutuas gozan de privilegios como los descritos por el diario El País y las empresas mutualistas y sus asesores perciben agasajos, prebendas y comisiones, las plantillas de las Mutuas tienen su salario congelado desde 2010 y se han visto afectados por los mismos recortes aplicados a los funcionarios públicos.
El pasado domingo, el diario EL PAÍS publicó una extensa noticia acerca de supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos realizada por FREMAP, la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con mayor implantación en España,  que en 2013 suponía el 25,39% del sector con 392.846 empresas asociadas, 3.786.360 trabajadores protegidos y 2.376 millones de € de cuotas gestionadas.
El contenido del artículo pone de manifiesto, una vez más, aspectos en la gestión de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social que CCOO viene denunciando desde hace años. Tanto desde la Confederación Sindical de CCOO como desde nuestra representación en las Comisiones de Control y Seguimiento de las Mutuas, hemos exigido la corrección de las irregularidades denunciadas por la Intervención y denunciado aquellas que hemos conocido.
Las Mutuas, a pesar de gestionar recursos públicos provenientes de cuotas de Seguridad Social, no se ven sometidas a la intervención previa del gasto, como ocurre con las Administraciones Públicas, lo que tiene como consecuencia que, cuando son auditadas por la Intervención de Seguridad Social, se detecten prácticas irregulares que pueden provocar importantes daños al erario público.
La Administración ha articulado de forma insuficiente la tutela y control de la actividad de estas Entidades que, sometidas al principio de “paga y reclama”, comprometen pagos con cuotas de la Seguridad Social y cuando la Administración les reclama por su dudoso ajuste a las funciones de colaboración, éstas han alcanzado cifras desorbitadas, dando comienzo a un larguísimo proceso de reclamaciones y recursos.
El caso de Fremap no es único en el sector, otras Mutuas también podrían ver comprometida la solvencia de su Patrimonio si en última instancia el Tribunal Supremo desestimara los recursos contra los ajustes realizados en sus cuentas por Seguridad Social, abriendo la puerta a posibles “derramas” entre las empresas asociadas, lo que resultaría inédito en nuestro país, o incluso, a su disolución y liquidación, poniendo en riesgos varios miles de puestos de trabajo.
Es preciso recordar que, mientras los Altos Directivos de estas Entidades gozan de privilegios como los descritos por el diario El País y las empresas mutualistas y sus asesores perciben agasajos, prebendas y comisiones, las plantillas de las Mutuas tienen su salario congelado desde 2010 y se han visto afectados por los mismos recortes aplicados a los funcionarios públicos.
Las atribuciones de las Comisiones de Control y Seguimiento, órgano interno de las Mutuas en el que participamos los agentes sociales, para supervisar su gestión, resultan manifiestamente insuficientes y no permiten un control efectivo, por lo que desde CCOO venimos reclamando la incorporación a las mismas de efectivos procedentes de la Intervención General de la Seguridad Social, que permitan realizar una mayor función fiscalizadora.
A pesar de que resulta incuestionable que existe una gran infradeclaración de enfermedades relacionadas con el trabajo, que terminan asumiendo los Servicios Públicos de Salud, de la existencia de importantes deficiencias en la gestión del accidente de trabajo, que requieren un profundo análisis y la adopción de medidas correctoras, y de la más que cuestionable gestión de la prestación económica que estas Entidades realizan de la enfermedad común, basada mayoritariamente en criterios economicistas, los diferentes Gobiernos han insistido en presentar a las Mutuas como un ejemplo de gestión eficiente de fondos de la Seguridad Social, afirmación que ahora vuelve a quedar en tela de juicio.
Desde CCOO hemos venido cuestionando el traspaso hacia estas entidades, conformadas como asociaciones privadas de empresarios, de atribuciones que antes residían en diferentes órganos de la Administración Pública, justificados bajo una supuesta eficacia gestora de las Mutuas, eficacia que noticias como ésta y diferentes informes del Tribunal de Cuentas ponen en entredicho.
CCOO reclama hoy, como viene haciendo desde hace mucho tiempo, un mayor control público de la actividad de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social, la limitación en la asunción de nuevas competencias y la apertura de un proceso de diálogo social que permita realizar un estudio en profundidad sobre la gestión y competencias de estas Entidades que permita afrontar, desde el consenso, la necesaria reforma de las Mutuas.
CCOO exige una mayor transparencia en su gestión y dirección, un estudio exhaustivo para conocer el patrimonio histórico que poseen y a qué se dedica, así como una mayor agilidad en las reclamaciones que la Seguridad Social realiza a las mismas.

martes, 17 de junio de 2014

Los Tribunales dan la razón a CCOO y declaran nulo un despido de una trabajadora de GSS Line Badajoz

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dado la razón a CCOO y ha declarado nulo el despido de una trabajadora de GSS Line de Badajoz porque la empresa había superado el límite de despidos y debía haber negociado un Expediente de Regulación de Empleo.
Los tribunales consideran que GSS Line intentó eludir su obligación de recurrir a un ERE despidiendo a sus empleados de manera individual y no colectiva para ahorrarse indemnizaciones y por falta de causas que lo justificasen.

La propia empresa reconoció en el acto de conciliación previo la improcedencia del despido de la trabajadora, que prestó sus servicios durante año y medio, y que fue despedida de manera disciplinaria por una supuesta “disminución de rendimiento”.
Desde el primero momento, la trabajadora rechazó la indemnización y con el asesoramiento de la Asesoría jurídica de CCOO Extremadura presentó demanda en el juzgado de lo Social, que estimó parcialmente declarando la improcedencia del despido en primera instancia, y ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tras el recurso presentado, ha declarado la nulidad del dicho despido por estar ante un despido colectivo fraudulento.
El TSJEX declara nulo el despido y afirma que en el periodo de 90 días que comprende el despido de la trabajadora demandante se produjo en esta empresa en el ámbito estatal un número de despidos superior a los establecidos por ley como límite para que deba seguirse el trámite del despido colectivo.
Esto quiere decir que GSS mediante la práctica de despedir espaciadamente a sus trabajadores ha pretendido evitar el trámite de plantear un ERE, básicamente porque no existe causa para estos despidos y no podrían justificarlos en un Expediente de Regulación de Empleo.
Desde CCOO se denuncia la práctica habitual de GSS Line de despedir a sus trabajadores y trabajadoras sin un motivo justificado, amparándose en bajadas de rendimiento irreales, admitiendo sólo después la improcedencia del despido si la persona despedida se decide a denunciarlo y abonando únicamente la indemnización, ya que tras la reforma laboral de 2012 solo se devengan salarios de tramitación en despidos nulos, como finalmente ha sido declarado este despido.

lunes, 16 de junio de 2014

Coches de lujo, dietas, marisco y viajes con cargo a la Seguridad Social

La Seguridad Social reclama a la mutua de accidentes Fremap que devuelva 43,2 millones de euros de dinero público que entre 2006 y 2011 gastó indebidamente, según auditorías de la Intervención General de la Seguridad Social de esos años. En esas auditorías y en documentación interna de la mutua a la que ha tenido acceso este periódico hay gastos en dietas, viajes para la junta directiva y sus parejas, BMW y otros coches de lujo para los directivos, marisco, además de pagos a colaboradores comerciales para captar nuevos mutualistas, algo prohibido por ley. Este último concepto es el más voluminoso: 24,2 millones.

La mutua —organización sin ánimo de lucro que en 2012 gestionó 2.300 millones de cotizaciones— ha recurrido a la Audiencia Nacional las decisiones del Ministerio de Empleo sobre las cuentas de 2006, 2007 y 2008. Para las de 2009, 2010 y 2011 todavía cabe la vía de reclamaciones y alegaciones ante la Seguridad Social. La mutua confía en que los tribunales bajen la cantidad que les reclama y sus responsables sostienen que Fremap sufre una persecución que comenzó con el Gobierno del PSOE.
Las mutuas están tuteladas por Empleo y las audita la Intervención de la Seguridad Social, que les reclama que devuelvan dinero cuando detecta gastos no asumibles para el Estado, un proceso que puede alargarse siete u ocho años. Son asociaciones de empresarios que básicamente gestionan cotizaciones a la Seguridad Social para atender, sobre todo, accidentes y bajas laborales.
La cúpula directiva de Fremap está presidida desde hace nueve años por Mariano de Diego, un ganadero salmantino experto en vacas charolesas que es presidente de la patronal de mutuas. Entre los 16 vocales están José de la Cavada, ex director de Relaciones Laborales de la CEOE, de la que fue despedido en febrero pasado, meses después de afirmar que los permisos de cuatro días cuando fallece un familiar cercano no tienen sentido en la actualidad “porque los viajes no se hacen en diligencia”. También pertenece a ella Pedro Barato, presidente del sindicato agrario Asaja y de la Federación Española de Autónomos, integrada en la CEOE, o el consejero de Presidencia de Madrid, Salvador Victoria (desde 1999 hay un miembro del Gobierno madrileño). También hay un representante de los trabajadores (es de UGT), como marca la norma. Formalmente la directiva la eligen las 392.846 empresas asociadas con el visto bueno del Gobierno. En la práctica, son seleccionados a propuesta de la propia Junta Directiva.
La Intervención destapa las partidas en la organización sin ánimo de lucro
La Junta Directiva no puede tener sueldo, pero sí recibe dietas. En marzo de 2010, Fremap aprobó que la dieta por asistir a una junta directiva sería de 2.000 euros, más 600 por desplazamiento si se celebraba fuera de Madrid. La reunión se celebró un mes después de que el Ejecutivo dictara una orden que limitaba a 800 euros el dinero a percibir por reunión de junta directiva o de la comisión de prestaciones especiales. Las dietas aprobadas oscilaban entre 2.000 y 360 euros para siete órganos de Gobierno, cuando solo hay dos autorizados para cobrar estos pagos.
Mariano de Diego recibe abiertamente en el cuidado edificio de Fremap en Majadahonda (a 20 kilómetros de Madrid). Está en medio de un pinar y el presidente aparece a la entrevista con el gerente y la interventora que fichó de la Administración en 2009 para controlar las cuentas. Reciben en una sala con una mullida alfombra, alrededor de una mesa de madera. “Los ajustes [las reclamaciones de la Seguridad Social] son de una discrecionalidad sumamente grande”, sostiene. Él cree que la Intervención se ceba con Fremap por ser la mayor y por una orden que comenzó con el Gobierno del PSOE: “Soy del campo pero no soy gilipollas”. De Diego no critica las dietas de 2.000 euros. “He llegado a esta casa y me he encontrado una dieta que se estaba cobrando de toda la vida. Dijeron que había que bajarla, se bajó y sanseacabó”. Meses después de la aprobación por la junta, las dietas se ajustaron a los 800 euros y según Fremap devolvieron el exceso.
Las reclamaciones de la Seguridad Social por retribuciones excesivas percibidas en “asistencia a órganos de gobierno” se repiten en las auditorías: en 2007 reclama 284.642 euros, el año siguiente 328.741 euros, en 2009 baja hasta 152.200 euros, en 2010 son 18.000 euros y en 2011 la reclamación es de 21.469 euros.
El representante de los trabajadores afirma que la dieta que percibe desde noviembre de 2010 la cobra la federación sindical.
Las dietas se redujeron en 2010, con la orden ministerial, pero los viajes siguen. Cada año Fremap realiza la conocida como “junta directiva itinerante” por España. Dura un fin de semana largo e incluye acompañantes y un completo plan de actividades para una reunión de dos horas. El gerente admite que se pagan con cuotas de la Seguridad Social.
En 2010 la Junta Directiva anual se celebró en el Parador Nacional de Santo Domingo de la Calzada, según el programa del viaje al que ha tenido acceso este diario. Comenzó el viernes con una visita a las bodegas Muga y concluyó el domingo con una comida en el restaurante Echaurren.
Allí acudió el entonces consejero de Presidencia de Madrid, Antonio Beteta, hoy secretario de Estado de Administraciones Públicas y encargado en 2012 de recortar la paga extra a los funcionarios. Un portavoz de Beteta dice que siempre devolvió las dietas.
En octubre de 2013, la junta se celebró en Santiago de Compostela. Entre la llegada, un viernes por la mañana, y la vuelta, el domingo a las cinco de la tarde en avión, hubo una reunión de junta de dos horas y una visita a una empresa asociada. Pero la mayor parte del tiempo lo ocupó el ocio: comida en el Pazo de San Lorenzo, cena en la marisquería Carretas, paseo por el Pazo Quinteiro da Cruz —amenizado por gaiteros—, cata de albariño, comida en el restaurante Solla, visita al monasterio de Poio, cena en el Parador, visita a la catedral de Santiago y comida en el hotel de la cadena Relaix&Chateuax. A la comida con los trabajadores acudieron entre 50 y 70 personas, según el gerente.
El presidente de Fremap critica “la discrecionalidad” de las reclamaciones
El consejero Salvador Victoria afirma que solo fue el sábado, cuando se celebró la junta, según una portavoz, que añade que nunca ha cobrado dietas.
De la Cavada, que no fue a esas juntas los dos años anteriores, sí acudió a Santiago, aunque sin acompañante. “Me gustaría que las juntas itinerantes fueran algo más modesto. Para estimular la actividad de la mutua una región no hace falta eso”, afirmó ayer.
El presidente defiende que esas juntas son útiles por visitar a los empleados y animarlos: “Le tenemos que dar moral. ¿Qué le dices a un padre o una madre de familia donde le has quitado la paga extraordinaria y no son funcionarios? Les anima que vayamos. Les decimos que estamos luchando para que esto no suceda”.
A la entrada de Fremap hay cuatro Audi A6 aparcados. En la auditoría sobre las cuentas de Fremap de 2008 figura la contratación de automóviles para los directivos. Revela que “tenía suscritos con Mapfre Renting 34 contratos de arrendamiento financiero para sus directivos (23 BMW, tres Volvo, cinco Audi, un Mercedes, un Lexus y un Saab) por los que se abonaban mensualmente hasta el 30 de junio de 2008 la cantidad de 41.796 euros. Entonces, Fremap pone los coches a nombres de los directivos y a cambio les paga un “plus de jefatura” para “compensar a los referidos directivos del coste económico del renting”. Ese año gastó en ese plus 586.446 euros. La Seguridad Social no presentó ninguna reclamación por el gasto en coches.
La mayor mutua de accidentes laborales gestiona al año 2.300 millones públicos
En 2012, Fremap publicó en el BOE un nuevo contrato por el que los directivos pasan a llevar un Opel Insignia (contrató 27), en vez de BMW, y cuatro Audi A6, los que el pasado jueves estaban a las puertas de la mutua. Ese año, el Ejecutivo anunciaba el recorte del parque público de vehículos.
El gerente de Fremap, Josu Esarte, no revela su sueldo, aunque según la auditoría de 2011 ese año cobró 199.000 euros por contrato más 46.221 euros en retribución variable, gastos de representación, retribuciones en especie y póliza de pensiones. Esarte no comprende el interés en preguntar por la flota de la mutua aunque sí admite que él tiene asignada una de las berlinas que hay en la puerta. “Se lo merece”, tercia De Diego, como los directores territoriales: “Tienen que viajar y no les puedes martirizar más”.
El mayor ajuste corresponde a los 24,2 millones que Fremap destinó a colaboradores entre 2006 y 2011. Por ley, las mutuas no pueden realizar actividad comercial. Aun así, a veces la llevan a cabo pero la Seguridad Social les reclama la devolución si detecta el pago a comerciales.
En 2008, antes de que llegara Esarte, la Intervención destacó en su primer informe “el elevado importe abonado por la mutua a los directivos, en concepto de dietas, por las comidas celebradas tanto con el personal de la propia mutua como con empresarios asociados o potenciales empresarios asociados. El gasto por este concepto, a 248 directivos, ha ascendido a 748.416 euros sin incluir aquellas comidas que se facturen directamente a Fremap o se sirvan en el Hospital de Majadahonda”. Cada directivo salía a 3.017 euros en comidas de empresa.
Además, ese ejercicio hubo “compras de productos alimenticios por importe de 14.137,59 euros relativos a pescados y mariscos de carácter de lujo (caviar, angulas, carabineros…) en los que no quedaba demostrado por la mutua su suministro a los pacientes del hospital de Majadahonda ni su consumo en las comidas celebradas por los directivos de Fremap en el referido hospital”.
La Seguridad Social no asume facturas por 14.000 pero apunta a una partida más de 10 veces superior. Ese año, Fremap abonó a “Pescaderías Coruñesas 225.925 euros por el suministro de pescado al hospital de Majadahonda, que según información de la mutua corresponde tanto a comidas suministradas a los pacientes del hospital como a comidas celebradas por los directivos”. La intervención señala que “el tipo de producto comprado así como los precios pagados pudieran resultar excesivos y, por tanto, contrarios al uso eficiente de los fondos públicos”, según la auditoría provisional, de marzo de 2011.
La empresa alega que fue un director del hospital el que sacaba el pescado por la puerta de atrás y que al descubrirlo lo despidió y se querelló contra él. De Diego no enseña la querella. “Está descubierto por nosotros y encima nos lo meten en una auditoría. Como dicen en mi pueblo, ‘después de cornudo, apaleado’. Pero esto sucede. ¿Por qué? No lo sé. No encuentro explicación”.
Otro de los aspectos que ha criticado la Intervención es el despido con indemnización de directivos cerca de la jubilación. Esto mereció el rechazo de los representantes de CC OO en la comisión de control. En abril de 2013, el Tribunal Superior de Madrid dio la razón en parte a la Seguridad Social en el caso del exdirector de Prevención, en el cargo entre 1972 y julio de 2008. Ganaba al año 126.549 euros al año y fue despedido con una indemnización de 436.307 euros. El tribunal ordenó devolver dinero al Estado porque ese despido “desde un punto de vista empresarial resulta incomprensible”, ya que habría sido más barato dejarle dos años en su puesto que indemnizarlo para que pasara dos años al paro.
Tiene una flota de cuatro Audi A6 y 27 Opel Insignia para sus directivos
La última reclamación firme de la Seguridad Social está firmada por el secretario de Estado de la Seguridad Social el 10 de marzo pasado. Reclama 2,594 millones por las cuentas de 2009. Las auditorías de 2006, 2007 y 2008 están recurridas en la Audiencia Nacional. Las de 2010 y 2011 todavía están en fase de alegaciones y, por tanto, las reclamaciones de casi dos millones y de 334.427 euros pueden bajar, como ha sucedido en años anteriores. La suma provisional asciende a 43,2 millones.
De Diego confía en los tribunales. En su discurso —en el que destaca que la mutua tiene todos los años excedentes que devuelve a la Seguridad Social— recuerda las obras del hospital en Majadahonda: la Seguridad Social le reclamó 25 millones y el Tribunal de Cuentas lo dejó en 2.500 euros.
Las fuentes consultadas del Ministerio de Empleo también citan ese caso y pese a que son ellos los reclamantes piden prudencia —“no hay que extraer conclusiones excesivas”—. En las últimas sentencias sobre ajustes, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han sentenciado contra la mutua. Sobre las reclamaciones de 2004 ambos tribunales fallaron contra Fremap. Sobre los de 2005, la Audiencia estimó parte de la demanda, lo que rebajó la reclamación de 8,3 a 7,8 millones.
Con la ley actual, Fremap debe pagar las reclamaciones de Empleo con su patrimonio privativo. En Fremap, ese capítulo ascendía a final de 2012 a 15,8 millones. A eso la empresa suma los 12,7 millones en los que valora su sociedad de prevención —aunque en 2013 intentó venderla por 100.000 euros con el rechazo del representante de los trabajadores, de UGT, en la junta—. En caso de tener que pagar la reclamación completa de la Seguridad Social sus fondos actuales (28,5 millones) no serían suficientes y podría tener que recurrir a una derrama entre sus empresas asociadas. No hay precedentes, pero fuentes de Empleo no descartan que ocurra: “Nunca se ha aplicado la derrama, pero la mutua pagaría lo que tenga que pagar”.
investigacion@elpais.es
Las mutuas de accidentes de trabajo son asociaciones de empresrios sin ánimo de lucro. Hay 20. La ley les encarga la atención y cuidados de los trabajadores accidentados y de las enfermedades profesionales. También la gestión de las prestaciones por bajas provocadas por una enfermedad común.
Para esto, la Seguridad Social les transfiere los fondos recaudados con este destino (las cotizaciones por contingencias profesionales, que oscilan según el sector al que se dedique la empresa y su nivel de riesgo). En 2012 fueron unos 8.300 millones. De estos, unos 2.300 fueron a Fremap, la mutua más grande que cubre a 3,3 millones de trabajadores.
Las mutuas también ingresar dinero por la explotación de su patrimonio histórico, el que conservaron al integrarse en el sistema de la Seguridad Social en 1967. Esta cantidad es mínima respecto al conjunto del dinero administrado. La Ley General de la Seguridad Social afirma “este patrimonio se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad”, es decir, la colaboración con la Seguridad Social. Con el excedente anual las mutuas dotan tres reservas para asegurar su funcionamiento y el resto lo devuelven. Casi siempre sobra dinero. Hasta julio de 2012 se acumulaba en un fondo que llegó a 4.600. Entonces Empleo usó para pagar pensiones y así se sigue haciendo.


Fuenteel país

Educación plantea avanzar de un sistema de becas al de préstamos universitarios

La secretaria de Estado Montserrat Gomendio recuerda que el sistema ha crecido y supone un coste "muy elevado"





















El ministro de Educación, Ignacio Wert, junto a la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. / Uly Martín

 La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, ha planteado este viernes si la universidad debe evolucionar de un sistema de becas hacia otro de préstamos. Su petición se basa, según ella, en que el sistema universitario ha crecido exponencialmente en los últimos años y supone un coste "muy elevado"; "no es cuestión de gratuito o no, sino de quién lo paga, cómo y cuándo", asegura.
La secretaria de Estado se ha cuestionado el actual funcionamiento del sistema de becas donde los estudiantes "reciben cuantías importantes de dinero que no tienen que devolver". Como ejemplo, ha hablado del sistema universitario británico, donde los estudiantes que han conseguido un empleo de más de 21.000 libras al año (26.250 euros), tienen que devolver en plazos el dinero prestado por el Gobierno.
Gomendio también ha resaltado la necesidad de que la financiación en la universidad tenga un componente privado mayor y dice que los problemas "vienen fundamentalmente de la financiación que les otorgan las comunidades autónomas".
Dicho esto, la secretaria de Estado ha manifestado que el problema del sistema universitario español no radica en si existe un número demasiado elevado de centros, sino en que hay "un crecimiento exponencial de titulaciones" y que un 50% de los alumnos escogen la rama de las ciencias sociales y jurídicas y menos de un 6% ciencias. "Parte de la responsabilidad es nuestra porque, en este momento, no damos ninguna información a los estudiantes sobre el nivel de empleabilidad de las distintas carreras", ha reconocido.
Por ello, Gomendio ha defendido la importancia de que cuando los estudiantes elijan qué estudiar tengan en cuenta "esa información" porque los alumnos de ciencias sociales y jurídicas "se enfrentan a unas tasas de desempleo altísimas". Además, ha añadido que hay "una necesidad enorme" de estrechar los vínculos entre la universidad y la empresa y ha puesto como ejemplo el "éxito" de la Formación Profesional Dual.


Fuenteel país

martes, 10 de junio de 2014

CCOOUEX INFORMA

Enlazamos una nueva edición del Boletín HOJA DEL LUNES en el que, entre otros temas, aclaramos las dudas sobre el abono de la parte devengada de la paga extra, os informamos de la actualidad para el PAS y el PDI y os animamos a conocer el modelo social de Universidad que propone CCOO, frente a las propuestas neoliberales de privatización.

viernes, 9 de mayo de 2014

CCOO de Extremadura lamenta profundamente los fallecimientos del accidente de Castuera

  • El sindicato se une a la solidaridad de toda la región con las familias
CCOO de Extremadura lamenta profundamente el fallecimiento de cinco menores de edad en el accidente de tráfico que tuvo lugar ayer noche en la carretera que une Castuera y Puerto Hurraco y se une a la solidaridad que está mostrando toda la región con las familias de las víctimas.
Desde el sindicato se espera que las seis personas que aún están ingresadas en el Hospital de Don Benito-Villanueva con heridas a causa de este gravísimo accidente se recuperen favorablemente y de manera rápida.
CCOO traslada a las familias y amistades su pesar y cariño. El enorme dolor y vacío que produce la pérdida de estos menores no sólo se siente en Monterrubio de la Serena, de dónde era el equipo de fútbol en el que jugaban, sino que se ha extendido por toda Extremadura y España.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha trasladado directamente su pesar y condolencia al Instituto de Educación Secundaria de Castuera y al Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Monterrubio de la Serena, centros en los que estudiaban los niños que han perdido la vida.

miércoles, 19 de marzo de 2014

Financiación Universitaria


Extremadura es la tercera Comunidad Autónoma que más recorta en financiación universitaria

  • Y la sexta universidad pública con mayor recorte en el conjunto del Estado

  • CCOO presenta un informe sobre los recortes de las universidades públicas y propone estudiar un nuevo modelo de financiación para la UEX

     > Descarga el INFORME COMPLETO DE CCOO UEX: Financiación de la UEX

    La Federación de Enseñanza de CCOO presentó un informe que pone de manifiesto que se ha configurado un sistema de financiación cuyas fuentes principales provienen de tres administraciones públicas distintas (autonómica, estatal y europea) con distintos objetivos, algunos de los cuales se duplican. A estos ingresos se añaden los procedentes de la financiación privada que provienen de los precios públicos, tasas, prestación de servicios, mecenazgo, etc.



    CONCLUSIONES DEL INFORME DE CCOO UEX

    El recorte total producido en la Universidad de Extremadura asciende a casi 30 millones de euros entre 2009 y 2013, 18,4 millones si comparamos 2010 y 2013.

    La cifra anterior representa un descenso en la financiación de la universidad pública en Extremadura del 18,45% comparando 2009 con 2013 y del 12,24% entre 2010 y 2013.

    El gasto de personal (capítulo 1) ha disminuido un 4,4% entre 2010 y 2013 y las inversiones reales (capítulo 6) se han reducido un 42,1% entre los mismos años. La situación, si comparamos 2009 y 2013, es de una caída del 2,4% y una reducción del 62,3% respectivamente.

    En el apartado de ingresos, las transferencias corrientes (capítulo IV) han disminuido un 1% y las transferencias de capital (capítulo VII) han descendido casi un 79,7% entre 2009 y 2013.

    Si hacemos la comparación entre 2010 y 2013 el capítulo IV ha sufrido una reducción del 8,2%, mientras que las transferencias de capital bajaron un 75%.

    Los precios públicos, tasas y otros ingresos (capítulo III) se han incrementado un 0,7% entre 2009 y 2013. Comparando 2010 con 2013, el capítulo III creció un 6,45%.

    Globalmente la evolución de la financiación ha sido más negativa que en la mayoría de las CCAA si comparamos 2009 con 2013, el porcentaje de descenso en la financiación está claramente por encima de la media y menos negativa si tenemos en cuenta 2010 y 2013, el porcentaje de recortes está por debajo de la media.
    Respecto al modelo de financiación: 

    El informe pone de manifiesto la coexistencia de diferentes modelos de financiación en las Comunidades Autónomas. De manera que algunas disponen de planes de financiación y otras en las que la financiación se establece año a año, en un proceso de negociación en mesa camilla, en el que la Universidad se encuentra en posición desigual respecto a la administración autonómica. Este último es el caso de la Universidad de Extremadura.

    CCOO ha instado en reiteradas ocasiones, tanto al gobierno del PSOE en su momento, como al actual Gobierno del PP, a consensuar una ley de financiación de la Universidad, que garantice su suficiencia financiera y la autonomía en su funcionamiento. Ello no obvia la rendición de cuentas y la proposición sociopolítica de determinados objetivos.

    Sin embargo, y a pesar de las promesas electorales, la Ley aún no ha visto la luz. Si bien, en honor a la verdad, hay que decir que se ha presentado un proyecto de ley. Eso sí, un texto totalmente vacío de contenido, en línea con la política ficción a la que este gobierno nos tiene acostumbrados.
    Así pues, en Extremadura nos encontramos con una ausencia de criterios para determinar la financiación de la UEx, o al menos, estos son totalmente opacos. Y en consecuencia de ello, cabe decir que se desconoce proyecto o plan alguno a medio o largo plazo.

    Propuesta de CCOO


    CCOO propone la determinación de estándares mínimos para una financiación estatal básica de las instituciones universitarias, de manera que esta no dependa exclusivamente de las circunstancias de la CCAA en la que se ubiquen, y una financiación autonómica adicional que responda a los objetivos políticos de las administraciones autonómicas.

     

viernes, 31 de enero de 2014

CC.OO. se someterá a una auditoría externa

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha avanzado que ya está en marcha una "auditoría externa extraordinaria" de sus cuentas --al margen de las dos internas que realiza anualmente la central-- , así como otra que evaluará sus procedimientos, para su posterior publicación en el plazo de dos meses, con la idea de que la organización deje de estar "bajo sospecha" por su cercanía a UGT.

CC.OO. se someterá a una auditoría externaEn rueda de prensa junto a al secretario de Organización del sindicato, Fernando Lezcano, para presentar las conclusiones y acuerdos del Consejo Confederal de este martes, el primero de 2014, Toxo ha sido claro: "Queramos o no estamos bajo el ojo de la sospecha y la forma de quitárnoslo de encima es no mirar a otro lado, sino mirar hacia dentro, ver qué problemas tenemos y qué soluciones podemos poner a los problemas que se detecten".
Por su parte, el informe resultante del Consejo va más allá y rompe con la habitual discreción del sindicato, sobre todo lo que concierne a los escándalos de gestión en la federación andaluza de UGT.
Así, señala que "sean no reales los hechos que se achacan a UGT en Andalucía y que con tanta virulencia se utilizan por medios de comunicación que no pierden ocasión para incluirnos en las prácticas de que le acusan, lo cierto es que el retraso en la respuesta de UGT ha amplificado los efectos del acoso a que se ve sometida".
"Confiamos en las personas que han dirigido y dirigen las organizaciones del sindicato, pero eso no es suficiente. La crisis que hoy afecta a UGT, afecta al conjunto del movimiento sindical y por ende a nosotros también", añade.
Por ello, el líder de CC.OO. se ha apresurado a decir que el sindicato quiere "anticiparse" a la Ley de Transparencia y a las posibles acusaciones de las que pueda ser objeto, y ha recordado que ya dio un primer paso con la publicación de sus cuentas correspondientes a 2012, que arrojaron unos beneficios de un millón de euros. "Hay que ver qué fallos de procedimiento puede haber para corregir en su caso situaciones que no sean adecuadas", ha añadido.
Sobre la auditoría que ha encargado CC.OO. para revisar el funcionamiento de todas las organizaciones confederales, el informe del Consejo precisa que la revisión ya se ha iniciado con las federaciones objeto de fusión y seguirá por el resto remontándose a 2008. Además, se analizarán los recursos procedentes del Fondo Social Europeo obtenidos en la última década.
"Se trata de revisar todos los elementos de riesgo potencial: programas formativos, subvenciones institucionales, proyectos finalistas, prevención de riesgos laborales...identificando los posibles riesgos: facturación, imputación de costes, presencia de dirigentes en órganos de gobierno de empresas, relaciones familiares con empresas o proveedores; grado de ejecución de programas, etc.", añade el informe al respecto.
Preguntado por su propuesta para elaborar una Ley de financiación de sindicatos, Toxo no sabe "si hay ambiente para ello", pero ha insistido en que debería debatirse en el Parlamento una norma en esta dirección.

FUSIÓN DE SEIS FEDERACIONES.

Por otro lado, Toxo ha avanzado que el sindicato ha decidido proceder a la fusión de seis de sus federaciones antes del mes de junio, de las que resultarían otras tres. Se fusionarán la de Industria con la de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines (Congreso de 19 y 20 de febrero); la de Construcción, Madera y Afines con la de Servicios Privados (7 y 8 de mayo); y la de Hostelería y Turismo con la de Servicios Financieros (Comfia) (13 y 14 de mayo).
Según ha explicado Toxo, este proceso no tiene por qué conllevar a priori "un impacto negativo para las personas contratadas", pero ha avanzado que provocará un "adelgazamiento muy sensible de la estructura política del sindicato", con una reducción del personal directivo y un proceso de "amortización de bajas".
Asimismo, el sindicato va a proceder también, no a una fusión de federaciones territoriales, pero sí a una mayor simplificación y especialización de las mismas para evitar solapamiento y duplicidades y para optimizar el uso de los recursos.

A VUELTAS CON LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 Por otro lado, Toxo ha mostrado su deseo que de que antes de que acabe el año haya un nuevo sistema de representación sindical en las empresas, acordado con la patronal, que tenga como resultado la salida de los representantes de los trabajadores de los consejos de administración, pero sin perder poder de influencia sobre las decisiones estratégicas de las compañías.
Hasta entonces, ha indicado que el sindicato establecerá un manual de procedimiento para los representantes de CC.OO que aún se encuentran en el seno de estos órganos.
"La presencia de los sindicatos en los consejos de administración debe tener una alternativa", ha dicho Toxo, para añadir que ello no debe implicar "el abandono de espacios de participación". "Queremos intervenir en la definición de estrategias empresariales, pero queremos un nuevo sistema de participación que no implique la presencia directa en los órganos de gobierno", ha sentenciado.

martes, 28 de enero de 2014

Los órganos de representación del PDI de la UEx piden que se vuelva a negociar el POD

En declaraciones a los medios, manifiestan que el profesorado considera muy injusta la nueva normativa

En rueda de prensa celebrada esta mañana en Badajoz, han comparecido los presidentes de la Junta y el Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Extremadura, que representan a los más de dos mil profesores de la UEx, tanto funcionarios como laborales.

Así han explicado que en febrero de 2013 el Consejo de Gobierno de la UEx aprobó una norma que valora las actividades docentes del profesorado de esta universidad.

Dicha normativa contó con el desacuerdo unánime de todos los representantes del colectivo del profesorado, esto es, los cuatro sindicatos con representación en la Universidad de Extremadura (CSIF, CCOO, UGT y USO), la Junta de Personal Docente e Investigador y el Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador.

El rechazo está fundamentado en que la norma es profundamente injusta en la valoración de muchas de las actividades docentes que realiza el profesorado, de manera que infravalora muchas de ellas.



Así, por ejemplo un trabajo fin de grado supone 60 horas anuales (6 créditos) para el alumno, y dos horas y media para el profesor. Un cómputo realista de esta actividad supondría reconocer, un mínimo de 10 horas al profesorado (1 crédito). Y así se podrían poner muchos otros ejemplos.

Por esa razón, los órganos de representación docente decidieron iniciar una recogida de firmas entre todo el profesorado de la UEx que mostrara este rechazo. La campaña se realizó a lo largo de diez días en los que se recogieron casi 900 firmas en contra de la nueva normativa. Estas firmas respaldaron la petición al Rector de la Universidad de una reunión para pedir una nueva negociación.

Sin embargo la reunión no se ha producido y el profesorado sigue a la expectativa.

Infravalorar el trabajo docente tiene repercusiones muy negativas. En primer lugar, sobre el profesorado, que ve impotente cómo su labor no es tenida en cuenta en su justa medida, provocando frustración y desmotivación.

Tampoco es la mejor situación para el alumnado ni es garantía de una docencia de calidad.

Lo injusto de esta norma también afecta muy negativamente a la percepción que del profesorado tiene la Junta de Extremadura, principal financiador de los trabajadores de la UEX. Igualmente se deteriora la percepción que la sociedad tiene de los profesores y profesoras de la universidad.

viernes, 24 de enero de 2014

La UCO pretende descolgarse del convenio colectivo del PDI Laboral

CCOO advierte al Rectorado de la UCO que habrá movilizaciones si se descuelgan del convenio del PDI .

El sindicato advierte que llevará a cabo movilizaciones en febrero si la Universidad de Córdoba no da marcha atrás en su decisión de descolgarse del artículo que recoge un derecho económico del PDI Laboral que accede a una plaza de PDI Funcionario. Para el sindicato, el descuelgue que se quiere imponer supone un grave precedente para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de todas las universidades públicas andaluzas.
CCOO advierte al Rectorado de la UCO que habrá movilizaciones si se descuelgan del convenio del PDI


CCOO ha criticado la decisión del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) de descolgarse de uno de los artículos del I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI) Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía. En concreto, el que recoge un derecho económico del PDI Laboral que accede a una plaza de PDI Funcionario.

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha reprochado a la UCO querer imponer uno de los aspectos más regresivos de la Reforma Laboral con unos argumentos que no se sostienen, ya que se pretende recortar derechos económicos consolidados en el convenio colectivo en vigor del profesorado laboral, en un año en el que se mantiene el recorte de un 5% en su salario.

Además, esta medida se toma coincidiendo en el tiempo con el compromiso público realizado por la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de mejorar la situación económica de las Universidades y de fijar un calendario de pago de la deuda que la Junta mantiene con las mismas.

Esta central sindical es totalmente contraria a la no aplicación de un derecho económico, en este caso ya devengado, por quinquenios y sexenios dejados de percibir, hasta la promoción al cuerpo de funcionarios, cuando el espíritu el convenio colectivo en vigor así lo reconoce.

Para el sindicato, el descuelgue que se quiere imponer supone un grave precedente para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de todas  las universidades públicas andaluzas, ya que abre la posibilidad de que cualquiera de ellas pueda no aplicar algunos de los derechos económicos o sociales recogidos en los Convenios o Acuerdos del Personal de Administración y Servicios (PAS) y PDI Laboral o Funcionario.

CCOO exige que se retire tal medida, a la vez que reclama la inmediata intervención de la Junta de Andalucía y los rectores de las universidades andaluzas, ya que la adopción unilateral de esta medida es contraria a los compromisos adoptados recientemente por la Presidenta de la Junta y los rectores andaluces, y también con el acuerdo entre la Junta de Andalucía y los sindicatos relativo a la estabilidad de los Convenios Colectivos del Sector Público Andaluz, como freno a los recortes de derechos implantados por el Gobierno de España.

El sindicato advierte que no va a permitir que las políticas de recortes sigan cebándose con el personal de las universidades públicas y, de no haber una rectificación por parte de la Universidad de Córdoba, CCOO convocará movilizaciones de protesta a partir del próximo mes de febrero en defensa del personal de las Universidades y de todos sus derechos

jueves, 23 de enero de 2014

CCOO pone en marcha Puntos de Información para personas desempleadas

CCOO ha editado un nuevo número de Gaceta Sindical para informar sobre la red de Puntos de Información que el sindicato ha puesto en marcha para atender a las personas desempleadas, con el objetivo de ofrecerles orientación y apoyo en la búsqueda de empleo. 
Gaceta Sindical
Gaceta Sindical

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37 Aniversario "Abogados de Atocha" y 10ª edición de los Premios de la Fundación Abogados de Atocha

  • Viernes, 24 de enero de 2014
El 24 de enero de 1977 hace ya 37 años, un grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas de CCOO y del PCE situado en el número 55 de la calle Atocha y ametrallaron a las nueve personas presentes. Fallecieron los abogados, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdelvira Ibáñez, Serafín Holgado de Antonio y el sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Mª Dolores González Ruiz, Luis Ramos Pardo y Miguel Sarabia Gil.
37 Aniversario "Abogados de Atocha"
37 Aniversario "Abogados de Atocha"
A lo largo de estos 37 años desde CCOO de Madrid y desde la Fundación Abogados de Atocha, se ha impulsado, entre otras muchas cuestiones, actos y propuestas para dar a conocer lo que ha supuesto la lucha de estos compañeros por la libertad y por la democracia.

Fruto de estas propuestas, es el hecho de que cerca de 30 pueblos de España y especialmente de nuestra comunidad madrileña, tienen un reconocimiento, -un parque, una calle, una plaza, un monumento, un centro de formación, etc.- dedicado a estas víctimas del terrorismo fascista. Por ello, cada año que pasa los que militamos en CCOO de Madrid y  la Fundación Abogados de Atocha nos sentimos más orgullosos de haberlos tenido como compañeros.

Actos conmemorativos del 37 Aniversario, el viernes 24 de enero:

-A partir de las 8,30 horas, visita a los cementerios de Carabanchel y San Isidro

-10,00 horas Ofrenda de coronas  y minuto de silencio en la Plaza de Antón Martín, al lado de Atocha 55 y del monumento de "El Abrazo" de Juan Genovés

-11,00 horas, en el Auditorio “Marcelino Camacho”, Lope de Vega 40. Entrega de los premios Abogados de Atocha por parte del patronato de la Fundación Abogados de Atocha. En esta décima edición se ha decidido premiar a los compañeros que formaron parte en 1964, hace 50 años, de la Comisión de Enlaces y Jurados de Empresa y que dio origen a las actuales Comisiones Obreras de Madrid.

Entre otros, asistirán al acto, Julián Ariza, Doroteo Peinado y José Macarrilla, miembros de aquella Comisión, así como Josefina Samper viuda de Marcelino Camacho y otros familiares de aquellos compañeros que formaron hace 50 años lo que son hoy las Comisiones Obreras de Madrid.

>>>Fotogalerías de los homenajes a los Abogados de Atocha desde el año 2002

CCOO denuncia la escasa dotación presupuestaria del nuevo “Erasmus Plus”




La reducción de la estancia limitará el aprovechamiento educativo
La Federación de Enseñanza reclama al Ministerio de Educación la aplicación de criterios que reconozcan la situación sociofamiliar del estudiante.  

Durante el curso 2014/2015, España recibirá de la Unión Europea una dotación de 53,4 millones de euros (2,2 millones más que en 2013) para el nuevo programa “Erasmus Plus”. Con este dinero el gobierno sufragará la beca de 30.000 alumnos y alumnas y, para que no se reduzca el número actual de “erasmus” (que fueron 40.000 este curso), concederá la beca a otros 10.000 estudiantes. En 2013 se presupuestaron en total 34 millones para este concepto, el próximo curso los “erasmus” dispondrán de 16 millones menos. De 2011 a 2014 se ha pasado de 63 a 18 millones de euros.

En vista de las cifras, CCOO denuncia que las cuantías de las ayudas seguirán siendo insuficientes. Además, se mantienen los criterios impuestos el pasado año para conseguir una beca Erasmus, entre los que se encuentran ser beneficiario de una beca general. Si tenemos en cuenta el endurecimiento de los criterios para el acceso a las becas generales, que priman fundamentalmente los resultados académicos, es previsible que muchos alumnos y alumnas no puedan obtener una de estas ayudas.

Por otro lado, la reducción de la estancia a cuatro meses dificultará el acceso a universidades que solo ofertan el curso completo y limitará la experiencia educativa y social que representa el programa, dificultando el aprendizaje del idioma.

CCOO reclama una dotación presupuestaria suficiente y la aplicación de criterios que reconozcan la situación sociofamiliar del estudiante, garantizando una formación de calidad con independencia de que la esta se adquiera en una universidad española o europea. Las becas Erasmus pueden y deben ser un elemento más de nivelación social, por lo que el Ministerio de Educación debería apostar de manera decidida por ellas en lugar de limitarlas.

Más información. Pedro Badía. Secretaría de Comunicación, Información y Cultura 629 947 909.