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lunes, 8 de julio de 2013

Por los derechos de las personas becarias

Tania Pérez Díaz Secretaria confederal de la Juventud de CCOO. Publicado en Boletín Acción Sindical CCOO
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 21 de mayo, ha estimado el recurso presentado por CCOO contra el RD 1717/2011 que restringía la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a los jóvenes participantes en programas de formación vinculados a estudios universitarios o de formación profesional que conlleven contraprestación económica.

Casi seis de cada diez jóvenes menores de 25 años están en paro. Pero su dramática situación no queda ahí: las condiciones laborales de quienes tienen la suerte de tener un trabajo están marcadas por la temporalidad, los bajos salarios, la falta de reconocimiento del nivel de formación adquirido, el trabajo en negro, las becas ilegales o la utilización por parte de las empresas de la figura del falso autónomo para ahorrarse los costes que conlleva formalizar un contrato y despojar de derechos a sus trabajadores.

La situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas becarias, así como el fraude en que incurren las empresas e instituciones que ofertan becas a personas con titulación y al margen de un convenio de colaboración con la universidad, ha sido señalada sistemáticamente por CCOO desde hace años. Hemos defendido una y otra vez la regulación de la situación de este colectivo, denunciando y ganando ante la Inspección de Trabajo y los Juzgados de lo Social muchos casos de empresas que han utilizado las becas para el encubrimiento de puestos de trabajo.

El Acuerdo Social y Económico (ASE) que CCOO firmó con el Gobierno y el resto de agentes sociales en febrero de 2011 para abordar la reforma de la Seguridad Social, recogía varias medidas para ayudar a mejorar las carreras de cotización de mujeres y jóvenes. Entre ellas, el derecho a la cotización de los becarios y becarias, medida que fue incorporada por los sindicatos como fórmula para compensar su tardía incorporación al mercado de trabajo y, dado que son más vulnerables a la precariedad laboral, como medio para contribuir a mejorar sus futuras pensiones.

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 1717/2011, encaminado a excluir a los estudiantes universitarios de su derecho a cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social, dejando en papel mojado lo que se consiguió en el ASE.
Nuestro sindicato no se quedó de brazos cruzados y recurrió a la Justicia, con resultados favorables para los jóvenes becarios: el pasado 21 de mayo el Tribunal Supremo dictó una sentencia avalando el recurso contenciosoadministrativo que CCOO interpuso contra este Real Decreto, declarando la nulidad de la disposición que limitaba la cotización de los becarios de prácticas externas universitarias.

La sentencia del Tribunal Supremo obliga a cotizar por todas las becas que reúnan las condiciones establecidas y recoge que el responsable de dar de alta en la Seguridad Social es la empresa, entidad o institución que financie el programa. En el caso de que tal cosa no ocurra, el becario puede solicitarlo directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, conviene saber que quienes en su momento quedaron excluidos de este derecho tienen hasta 4 años para reclamarlo.

Con esta sentencia se reconoce un nuevo derecho que ayudará a luchar contra la precariedad laboral de los y las jóvenes. Las becas no podrán utilizarse para sustituir un puesto de trabajo que deba estar cubierto por un trabajador o trabajadora con contrato laboral. Las becas tendrán un código de registro específico que servirá para identificar las empresas y el puesto del becario, de modo que se controle por parte de la Admi nistración y de las organizaciones sindicales que esta figura se utiliza con el objetivo de ser un instrumento formativo y se ayude a identificar y denunciar el fraude laboral.

CCOO siempre ha defendido la necesidad de que las personas tituladas accedan a contratos de trabajo ordinarios y las prácticas se utilicen sólo como instrumento de formación. Por ello continuaremos denunciando la utilización fraudulenta de becas para el encubrimiento de relaciones laborales, tanto en los procesos de diálogo social como en las empresas, ante la Inspección de Trabajo, ante los Juzgados, en la calle y allá donde sea preciso El Tribunal Supremo, en su sentencia de 21 de mayo, ha estimado el recurso presentado por CCOO contra el RD 1717/2011 que restringía la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a los jóvenes participantes en programas de formación vinculados a estudios universitarios o de formación profesional que conlleven contraprestación económica.

Casi seis de cada diez jóvenes menores de 25 años están en paro. Pero su dramática situación no queda ahí: las condiciones laborales de quienes tienen la suerte de tener un trabajo están marcadas por la temporalidad, los bajos salarios, la falta de reconocimiento del nivel de formación adquirido, el trabajo en negro, las becas ilegales o la utilización por parte de las empresas de la figura del falso autónomo para ahorrarse los costes que conlleva formalizar un contrato y despojar de derechos a sus trabajadores.

La situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas becarias, así como el fraude en que incurren las empresas e instituciones que ofertan becas a personas con titulación y al margen de un convenio de colaboración con la universidad, ha sido señalada sistemáticamente por CCOO desde hace años. Hemos defendido una y otra vez la regulación de la situación de este colectivo, denunciando y ganando ante la Inspección de Trabajo y los Juzgados de lo Social muchos casos de empresas que han utilizado las becas para el encubrimiento de puestos de trabajo.

El Acuerdo Social y Económico (ASE) que CCOO firmó con el Gobierno y el resto de agentes sociales en febrero de 2011 para abordar la reforma de la Seguridad Social, recogía varias medidas para ayudar a mejorar las carreras de cotización de mujeres y jóvenes. Entre ellas, el derecho a la cotización de los becarios y becarias, medida que fue incorporada por los sindicatos como fórmula para compensar su tardía incorporación al mercado de trabajo y, dado que son más vulnerables a la precariedad laboral, como medio para contribuir a mejorar sus futuras pensiones.

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 1717/2011, encaminado a excluir a los estudiantes universitarios de su derecho a cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social, dejando en papel mojado lo que se consiguió en el ASE.

Nuestro sindicato no se quedó de brazos cruzados y recurrió a la Justicia, con resultados favorables para los jóvenes becarios: el pasado 21 de mayo el Tribunal Supremo dictó una sentencia avalando el recurso contenciosoadministrativo que CCOO interpuso contra este Real Decreto, declarando la nulidad de la disposición que limitaba la cotización de los becarios de prácticas externas universitarias.

La sentencia del Tribunal Supremo obliga a cotizar por todas las becas que reúnan las condiciones establecidas y recoge que el responsable de dar de alta en la Seguridad Social es la empresa, entidad o institución que financie el programa. En el caso de que tal cosa no ocurra, el becario puede solicitarlo directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, conviene saber que quienes en su momento quedaron excluidos de este derecho tienen hasta 4 años para reclamarlo.

Con esta sentencia se reconoce un nuevo derecho que ayudará a luchar contra la precariedad laboral de los y las jóvenes. Las becas no podrán utilizarse para sustituir un puesto de trabajo que deba estar cubierto por un trabajador o trabajadora con contrato laboral. Las becas tendrán un código de registro específico que servirá para identificar las empresas y el puesto del becario, de modo que se controle por parte de la Administración y de las organizaciones sindicales que esta figura se utiliza con el objetivo de ser un instrumento formativo y se ayude a identificar y denunciar el fraude laboral.

CCOO siempre ha defendido la necesidad de que las personas tituladas accedan a contratos de trabajo ordinarios y las prácticas se utilicen sólo como instrumento de formación. Por ello continuaremos denunciando la utilización fraudulenta de becas para el encubrimiento de relaciones laborales, tanto en los procesos de diálogo social como en las empresas, ante la Inspección de Trabajo, ante los Juzgados, en la calle y allá donde sea preciso